19 enero 2024.- Tijuana, B.C.- Los negocios inmobiliarios son vulnerables por el crimen organizado para el lavado de dinero, señaló Jorge Arturo Pavón García, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (Ccpbc).
Apuntó que las actividades ilícitas, desde la construcción y desarrollo de inmuebles hasta el arrendamiento o compra definitiva de los bienes, se podrían ver entrelazadas en la realización de un fraude.
Lo más común –dijo- es la adquisición de propiedades a un bajo precio sin realizar el registro de transacción previa, para después vender a un costo mayor al pago inicial declarado ante la autoridad fiscal.
“Lo hacen para lavar el dinero con el que compraron un bien inmueble, con recursos ilícitos, y ya después lo venden con una transacción lícita y pues ya les entra el dinero limpio”.
El integrante de la comisión antilavado de dinero recalcó que este tipo de acciones también puede presentarse en la intermediación, administración de inmuebles y en el registro ante notarías públicas.
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Destacó que la región puede padecer este delito por la dinámica inmobiliaria y el valor económico que el sector tiene, sobre todo por el costo de viviendas que se ha acrecentado en los últimos años.
“El 70% de los que compran son paisanos que trabajan en Estados Unidos. Más o menos por eso el valor es tan elevado para quienes han tenido las propiedades, principalmente en Tijuana”.
Subrayó que el papel de los agentes inmobiliarios para evitar este crimen es relevante ya que a ellos corresponde analizar cada operación de compra-venta, el tipo de documentación que se presenta y utiliza en la contratación, y el monto de la comisión o acción que se tomó previo a la venta.
Recordó que a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha buscado regular y transparentar este tipo de actividades con el fin de evitar que el crimen organizado aproveche el mercado inmobiliario para lavar dinero en México y el resto del mundo.
Miembro activo del colegio estatal de contadores públicos, Pavón García dijo que el sector inmobiliario, junto con el de venta de vehículos y juegos de apuesta son los que mayor revisión tienen ante las autoridades para contener ilícitos fiscales.
“La verificación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el enlace principal con el GAFI para regular las operaciones inmobiliarias”.
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Crece vulnerabilidad del sector al ilícito
Recientemente, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, publicó la actualización de su guía para implementar un enfoque basado en riesgo para el sector inmobiliario.
En el documento, el organismo que marca el camino de las políticas antilavado a nivel global, indicó que en los últimos años se han acentuado vulnerabilidades en el sector inmobiliario que son propensas al lavado de dinero, tales como:
Operaciones por parte de personas políticamente expuestas (funcionarios o exfuncionarios públicos). Compra de bienes inmuebles de lujo. Uso de activos virtuales. Uso de empresas anónimas y servicios profesionales en operaciones inmobiliarias.
«El sector necesita tomar las medidas apropiadas para mitigar adecuadamente estos riesgos. Esto incluye medidas efectivas de debida diligencia del cliente, como el acceso a la información sobre los verdaderos beneficiarios reales de la transacción inmobiliaria», destacó el GAFI en su guía.
Para el Grupo de Acción, si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, también son foco de atracción de los delincuentes para el lavado de dinero.
«Permite que las redes de delincuentes prosperen y crezcan utilizando las ganancias de sus actividades ilegales, lo que afecta a la sociedad y socava el estado de derecho».
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De acuerdo con el GAFI, si bien cada país puede decidir la regulación que crea conveniente para reducir el riesgo de lavado dentro del sector inmobiliario, se ha identificado una comprensión deficiente a nivel general, lo cual hace que no se tengan mecanismos de supervisión y vigilancia acorde a los riesgos.
«En muchos países, los profesionales de bienes raíces no están obligados a presentar informes de transacciones sospechosas a pesar de recibir grandes cantidades de fondos, incluido el efectivo, de fuentes distintas que se originan en jurisdicciones de alto riesgo o relaciones comerciales. Los supervisores y otras autoridades competentes pueden no tener la capacidad de monitorear transacciones individuales o agregadas que involucren a los profesionales de bienes raíces», explicó el organismo.
Las operaciones inmobiliarias tienen su propia naturaleza. Por lo regular, en la compra de un bien inmueble se permite el movimiento de grandes cantidades de dinero, por medio de una sola transacción, y los vendedores de bienes raíces no tienden a mantener una relación durante un periodo de tiempo extenso.
Esto para el GAFI son señales de que, dada la naturaleza de sus operaciones, el sector inmobiliario debe de tener una comprensión adecuada del problema y aplicar mecanismos de mitigación de riesgos de lavado de dinero.
«Los países deben asegurarse de que todas las autoridades competentes y las actividades profesionales no financieras designadas (actividades vulnerables) involucradas en el sector inmobiliario sean conscientes de los riesgos… Dependiendo de la estructura de las autoridades competentes y del sector inmobiliario en general, los riesgos de cada país, junto con las evaluaciones de riesgos y las estrategias de mitigación, serán únicos», acotó GAFI.
Dentro de las 40 recomendaciones del organismo para prevenir y luchar contra el lavado de dinero, cinco tienen que ver con la prevención del blanqueo en el sector inmobiliario ya que, por ejemplo, sugiere que los profesionales inmobiliarios involucrados en la compraventa de bienes inmuebles tengan mecanismos de debida diligencia de su cliente y reporten transacciones sospechosas a la autoridad.
Asimismo, la recomendación 22 establece la debida diligencia que las actividades vulnerables, en el caso de México, se debe de hacer sobre personas políticamente expuestas, nuevas tecnologías y relación con terceros.
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